Panamá y dos países más impulsan salvaguardas ambientales

Durante tres días el personal técnico de los ministerios de ambiente de Paraguay, Honduras y Panamá se dieron cita en la capital panameña con el objetivo de diseñar una hoja de ruta de salvaguardas sociales y ambientales para sus respectivos países.

“Es importante no enfocarse solo en minimizar o evitar daños, sino en traer beneficios y asegurar la participación de los actores involucrados”, explicó la moderadora del taller, Andrea Camacho, quien es especialista en salvaguardas para el proyecto REDD+.

Si bien es cierto, los tres países latinoamericanos actualmente se encuentran en una fase similar de implementación de REDD+, una iniciativa cuyo objetivo principal es contribuir a la mitigación del cambio climático a través de la conservación y mejora de reservas forestales de carbono. Camacho recordó que las salvaguardas son requerimientos que los países interesados en implementar REDD+ y acceder a financiamiento deben cumplir.

 En consulta sobre esta materia, Jessica Young, oficial de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá, señaló que es fundamental identificar y proponer medidas de mitigación sobre potenciales riesgos ambientales y sociales significativos.

“Es importante que específicamente podamos evidenciar cómo los países apuntan a las siete salvaguardas que las partes de la CMNUCC acordaron, y cuyo enfoque está basado en derechos”, explicó Young.

Es importante saber que las salvaguardas son un conjunto de buenas prácticas que buscan minimizar o mitigar riesgos sociales o ambientales que podrían derivarse de la implementación de actividades de reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. Además cubren un amplio abanico de temas, incluidos la buena gobernanza forestal, que incluye los procesos de toma de decisiones, y las reglas claras para las instituciones y los actores, es decir, el marco institucional y legal. Otros aspectos esenciales son el respeto de los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas y la protección de la biodiversidad.