El Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá dicta sentencia a la empresa Cervecería Nacional

La Cervecería Nacional, ha sido una de las industrias panameñas más importantes en su rubro, sin embargo, esta empresa fue sentenciada el 30 de noviembre del pasado año por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante una sentencia dictada en primera sentencia,  hallándose en la obligación de cancelar $50,000 dólares luego de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) le impusiera esta multa a esta organización y sus subsidiarias Refrescos Nacionales S.A, Distribuidora Comercial S.A. y Financiera Pasadeña S.A. tomando en consideración la decisión de este tribunal.

En los resultados arrojados en las investigaciones que se venían realizando desde el año 2003 se evidenció que en esta cervecería se venían realizando prácticas monopolísticas y violaciones a las normas de competencia, las cuales  impidieron el posicionamiento de la cervecería Barú-Panamá que era la única industria que competía directamente con esta.

Esto trajo repercusiones para la cervecería Barú-Panamá, que no tuvo las mejores condiciones para expandirse a través del mercado panameño porque no la dejaron distribuir sus productos de forma regular a través de los canales estipulados para este tipo de comercialización.

Se hizo constar que esta industria se aprovechó de su poder de mercado para realizar contratos  en los que se estableció que en los locales donde se distribuían sus cervezas no se pudiesen vender libremente las de su competencia en vista de que estipularon en estos documentos que debían comprar exclusivamente las suyas.

Aunque en esta empresa no están de acuerdo con esta sentencia dictaminado,  mediante un comunicado respondieron que cumplirán con el pago de la sanción. sin embargo. en esta correspondencia se expuso que su gobierno corporativo se rige bajo las mejores prácticas laborales a lo que también cabe sostener el hecho de que sus actos no perjudican a empresas de la competencia puesto que sus prácticas comerciales permiten que estas industrias puedan distribuir libremente sus productos.