Buscan contribuir a la posibilidad de un mayor desarrollo de políticas públicas

Buscan contribuir a la posibilidad de un mayor desarrollo de políticas públicas

person access_timeMay 17, 2019 show_chart407 Vistas emoji_emotionsReacciones NUEVO

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en asociación con la Fundación Generación de Energía Social (PGES), como parte de una iniciativa entre la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y la Universidad Andrés Bello, realizaron en la Ciudad del Saber el Café Científico: “Derechos Humanos: nuevo reto para la investigación científica”.

Este evento, según los organizadores tuvo como objetivo contribuir a la posibilidad de un mayor desarrollo de políticas públicas orientadas al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, así como al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

El panel de expertos giró alrededor de las siguientes preguntas: ¿La desigualdad: un problema de desarrollo o de derechos humanos?; la ética en la investigación científica relacionada con temas de derechos humanos; ¿cómo pueden activarse mecanismos de fiscalidad de los derechos humanos económicos y sociales?; y ¿cuál debe ser el papel de las ciencias y los centros generadores de conocimiento en el trabajo de fiscalidad de derechos humanos económicos, sociales y culturales?

Por su parte, la Dra. Allard Olmos explicó cómo los derechos humanos y las libertades fundamentales han experimentado un indiscutible proceso de internacionalización, indicando que la protección de tales derechos, en cuanto garantía de la integridad moral y física de toda persona, ha quedado recogida tanto en los ordenamientos constitucionales estatales como en el orden jurídico internacional, especialmente en los tratados constitutivos de las Organizaciones Internacionales.

Sin embargo, la pervivencia de la soberanía de los Estados, aunque condicionada y limitada por los derechos humanos, explica que el desarrollo de los procedimientos internacionales de garantía y control del cumplimiento por los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos sea sensiblemente menor que el logrado en el plano normativo.

 



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