Se revelan información sobre las investigaciones del caso de Blue Apple

Este lunes, la procuradora general de la república, Kenia Porcell detallo los adelantos en la investigación sobre el caso Blue Apple Services o “BAS”, esta investigación comenzó en septiembre de 2017, se está investigando los pagos ilegales a ciertos funcionarios públicos por medio de sociedades anónimas.

Entre las sociedades que se encuentran bajo investigación están: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S. A que se vinculan con Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A.

Estos pagos eran depositados a nombre de la sociedad anónima “Blue Apple Services”, que por medio de cinco cuentas bancarias, en tres bancos de la localidad, logrando blanquear 40 millones de dólares, de estos se han recuperado 20 millones y 5 en propiedades retenidas.

La procuraduría, está vinculado a 33 personas en este caso, acusadas de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, entre los cuales están el ex oficial bancario, 3 ex funcionario público, 7 empresarios, entre otros, además se han realizado 5 acuerdos de colaboración eficaz.

Porcell resaltó, “Los hechos que se investigan han demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones”.

Con respecto al delito de corrupción, que la pena para los servidores públicos es de 2 – 4 y 3 -6 años para los particulares. Los empresarios involucrados han rendido declaración y aportado información valiosa con respecto al modo, tiempo y lugar donde se daban los hechos, identificando para quienes era el dinero y como se realizaban los pagos.